Después del acuerdo del Gobierno con las empresas de medicina prepaga para frenar el aumento del 10% de las cuotas es necesario hacer un balance de la situación. La otra cara de la moneda.

Referirse a la Medicina Prepaga inevitablemente invita hablar del precio de sus cuotas. Se la considera un servicio caro, aunque ese término debería quedar reservado para aquel producto/servicio cuyo precio se encuentre muy por encima del valor esperado. No es el caso de la medicina prepaga, ya que quien tuvo que recurrir a los servicios seguramente considere que el valor real es infinito.

El costo o gasto médico, esencia de la actividad, representa el 82% del precio de venta,  a ello hay que adicionarle, antes de impuestos, el costo de administración, marketing y ventas.

Para entender cuál es el génesis del problema es necesario hacer un análisis en profundidad del costo médico.

El Estado tiene un rol de alta responsabilidad en las variaciones de los costos de la medicina privada, básicamente por el Programa Medico Obligatorio. Aplicado por ley a la Medicina prepaga desde el año 1997, el PMO  resulta enormemente abarcativo y de libre acceso, lo cual dificulta su financiamiento.

Incluye más prestaciones que los planes de cobertura de médica privados de cualquier país del mundo, a las que suman las incorporaciones sucesivas que los legisladores, impulsados por sectores interesados, convierten en ley, por ejemplo, esterilización quirúrgica, atención de la discapacidad, obesidad, celiacos (habría que cubrir los alimentos), y otras que se suman al listado interminable que esperan su sanción.

El PMO excluye la posibilidad de ofrecer coberturas parciales adecuadas a sexo y edad, lo que permitiría acotar costos y mejorar precios.

La falta de legislación “ad hoc” y el escaso conocimiento sobre el tema que poseen los magistrados, ha generado el “acto médico defensivo”, producto del embate creciente de  las demandas por mala praxis, y la incorporación del concepto “judicialización de la medicina”, por la sucesión de amparos y medidas cautelares.

El costo médico depende de dos variables, por un lado el costo de cada prestación y por el otro, la cantidad de prestaciones cubiertas.

¿Cuál sería la responsabilidad del usuario del sistema?

Que alentado por el acceso cuasi irrestricto a la utilización, sin copagos, coseguros, deducible, franquicias, entre otros, hace un uso poco racional de los servicios, a lo que se suman los fraudes que  se cometen en complicidad con los mismos prestadores: compra de medicamentos para pacientes ajenos al sistema, desdoblamiento de honorarios para obtener mejores reintegros, uso de la credencial por terceros, etc.

Alcanzar un marco regulatorio para la medicina privada en el que participen las empresas prepagas y los sectores del gobierno que correspondan podría significar el comienzo de un nuevo sistema de salud en el país.